Jornada Mundial por Ayotzinapa
26 de octubre 2015
Asamblea Ciudadana Ayotzinapa + 43
¡Son culpables!
Las declaraciones sobre justicia e inseguridad en México, así como de los casos particulares de Iguala y Ayotzinapa Guerrero, por parte de Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), quien visitó nuestro país el pasado 7 de octubre 2015, ratifican lo que se ha venido gritando desde las calles y foros por parte de familiares, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de Septiembre 2014, el Estado Mexicano es culpable. Peña Nieto es responsable.
A raíz de su designación, trasciende ser la séptima persona en ocupar el puesto de máxima responsabilidad de la oficina del ACNUDH, así como ser el primer asiático, musulmán y árabe en hacerlo, y en relación con su reciente visita, y con respecto al tema de los Derechos Humanos, en donde México ha signado una serie de acuerdos y convenios en materia humanitaria y de respeto a derechos y leyes internacionales que no ha cumplido, el representante de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), recordó que sólo nosotros (el pueblo, la ciudadanía, las y los de la calle), seremos los únicos capaces de juzgar el papel de las autoridades.
(…) son las personas quienes juzgarán. No soy yo, ni mi Oficina, ni la ONU ni los representantes del Estado quienes podamos declarar que lo que se está haciendo o se ha hecho, sea suficiente. Sólo la gente puede hacer esto, especialmente aquellas personas en mayor desventaja, las víctimas del delito o las familias de éstas son quienes tienen la credibilidad para emitir este juicio1.
Miles y miles de personas ilustran una imagen desalentadora, un pueblo mexicano roído por los impunes niveles de inseguridad, desapariciones y asesinatos. El acoso, discriminación y ataques a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la violencia contra las mujeres (feminicidios), así como los terroríficos abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por el país en su camino al derruido sueño americano. Estadísticas oficiales revelan que 98% de los crímenes en el país se quedan sin remediar, así como la mayoría de ellos no son investigados, dijo el mismo Alto Comisionado.
(…) respaldo por completo sus hallazgos, que coinciden en gran parte con las opiniones de mi Oficina y de varios expertos y órganos internacionales de derechos humanos de la ONU que recientemente han visitado o informado sobre la situación en México (…) Las recomendaciones de la CIDH fueron también respaldadas (…), ilustrando así que hay un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México.
México, un país que no se encontraba en medio de un conflicto bélico real, generó uno; La Guerra vs el Crimen Organizado (iniciada por Calderón y continuada por Peña Nieto), cuyas cifras resultantes sencillamente son impactantes: 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, circunscribiendo migrantes en tránsito. Desde 2007, hay al menos 26,000 personas desaparecidas, la mayoría como resultado de desapariciones forzadas presumiblemente por policías y el propio Ejército Mexicano. Miles de mujeres y niñas abusadas sexualmente, terminan siendo víctimas de feminicidio. Autoridades y Estado, prácticamente, sin hacer mucho para la condena de dichos crímenes.
(…) muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado.
Una sucesión de casos y abusos específicos han llamado la atención y preocupación internacional, antecede decir que el Código Militar en nuestro país fue reformado previo a dichos incidentes, logrando que militares puedan estar bajo la jurisdicción civil en caso de crímenes cometidos contra civiles. El caso de Tlatlaya es uno de los primeros bajo este sistema. El segundo, la desaparición de los 43 normalitas de la Escuela Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero.
Ambos han terminado por derruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones federales y locales. Informes sugieren que la policía realizó violentos ataques y la emboscada en contra de los estudiantes desarmados. Autoridades, Estado y Crimen Organizado trinomio puesto a prueba.
El 30 de junio de 2014, autoridades militares anunciaron que durante un ataque en una bodega en el municipio de Tlatlaya en el Estado de México, soldados mataron a 22 de los agresores, incluyendo a una niña de 15 años. Sólo después de varios meses (…), emergió una historia por completo diferente; dicha historia sugiere que la mayor parte de esas 22 personas de hecho se habían rendido y que luego fueron ejecutadas sumariamente, y que tres mujeres sobrevivientes habían sido sujetas a detención arbitraria y a tortura.
Si el gobierno mexicano pretende recuperar un poco de credibilidad, deberá actuar con respecto a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) incluyendo su insistencia en que reviertan la decisión de no permitir que expertos y familiares de los 43 normalistas desaparecidos se entrevisten con el Batallón no. 27, quienes presenciaron la escena del crimen.
El informe del (GIEI), fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el cual descartó la versión original (declaración oficial; verdad histórica de Murillo Karam), sobre las investigaciones de que los cuerpos de los estudiantes habían sido incinerados en un basurero municipal. Se reveló, también, que las fuerzas de seguridad federales tuvieron conocimiento de lo ocurrido y que no intervinieron. El informe manifestó que a raíz de la complejidad de las operaciones de variadas y diversas policías involucradas en la emboscada, arrestos, tiroteos y desaparición forzada de los estudiantes significa que hubo una coordinación centralizada.
Tantos y cuantificables casos, crímenes equivalentemente alarmantes han sido cometidos en México en los años recientes. El subsecuente descubrimiento de numerosas fosas comunes con cuerpos que
resultaron no corresponder a los estudiantes desaparecidos sino que son otras víctimas, es una especie de cloaca descubierta al público.
Alcantarilla que abre una cantidad enorme de problemas crónicos que subyacen a la violencia y ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo y ancho del país. Sobresale la debilidad de las policías, ciñendo su frecuente y directo involucramiento en la comisión de crímenes. En Iguala, de acuerdo a la investigación del GIEI, elementos de la policía municipal, estatal y federal – junto con otros representantes del Estado y del Ejército – estuvieron involucrados, ya sea en los crímenes o en el hecho de no proteger a las víctimas, o tomando parte en el posterior encubrimiento.
Como dice el dicho popular de últimos tiempos: este es un país en el que si eres víctima de un crimen, a los últimos a los que llamas es la policía.
México tiene al menos 26,000 casos de personas no localizadas, y nuevos casos ocurren cada día. La miseria unida a la estadística es imposible de comprender. El fracaso de la policía, del sistema de justicia para esclarecer el paradero de las víctimas y lo que les sucedió, y sobre todo, de los sucesivos gobiernos y del sistema político en su conjunto para detener estos crímenes no sólo es lamentable, es profundamente trágico. Trágico para las personas involucradas, y trágico para el país entero.
Las tareas inmediatas serían garantizar más y mejor amparo para defensoras y defensores de derechos humanos, lo mismo para quienes ejercen el periodismo, pero principalmente para quienes han sufrido y siguen sufriendo la terrible serie de asesinatos, amenazas, golpizas y otras formas de intimidación por parte del Estado.
En esta línea, el Alto Comisionado, dijo que entregara una lista de recomendaciones para el gobierno mexicano, mientras tanto, enfatizó en la necesidad de llevar a cabo las siguientes medidas claves:
a) Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo.
b) Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.
c) Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.
d) Implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves.
¡CULPABLES!
¡NI UNA MÁS! ¡NI UNO MENOS!
¡FUERA EJÉRCITO DE LAS CALLES!
ASAMBLEA CIUDADANA AYOTZINAPA + 43
Tomado de: PROCESO
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