Chihuahua, Chih. A 26 de febrero de 2016
El Estado mexicano ha fallado en demostrar su “Verdad Histórica”, ha expuesto su nula
intención en dar justicia y verdad para las y los familiares de los 43
Normalistas desaparecidos, y 3 más asesinados, en Ayotzinapa, Guerrero el
pasado 26 de septiembre del 2014.
Dentro del marco de la Guerra vs el Narco, iniciada por
Calderón y profundizada y agudizada por Peña Nieto, así como por los
gobernadores como Cesar Duarte y compañía, el país ha sido militarizado.
Cómo explicar que bajo el manto del Ejército Mexicano,
algunas zonas resguardadas por la Marina, así como por todas las policías
federalizadas desplegadas a lo largo y ancho de México, las cifras de desapariciones
han ido en aumento, y parecen no cesar. El medio electrónico Contra Línea
publicó que existen en el país al menos 25 mil 821 personas “no localizadas”[i], cifras de abril
2015.
El estado Mexicano es responsable. Es cómplice de una
política de violencia, crimen organizado, desapariciones, Feminicidios,
despojos, arrestos, intimidaciones y asesinatos tanto a mujeres y hombres que
protestan y critican a las autoridades.
Es por ello, que el gobierno de Peña Nieto ha comenzado
una campaña de desprestigio en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), cuyos resultados han puesto en duda la “Verdad Histórica” de Murillo Karam. Necesario
insistir en que el Estado Mexicano ha sido obligado a aceptar la disposición
del GIEI, desde el pasado 18 de noviembre de 2014 bajo la mención de las medidas
cautelares emitidas por la Comisión Internacional Derechos Humanos (CIDH).
El GIEI, designado por CIDH, el 16 de enero del 2015, comenzó
sus actividades de investigación, el 1 de marzo de 2015, señalando fallas y
omisiones de la versión oficial sobre el destino de los estudiantes. Desde el
comienzo se insistió en la importancia de las víctimas en el proceso y, a
través un informe (septiembre de 2015), ofreció nuevas líneas de investigación
que deberían agotarse.
A la fecha, existe una campaña mediática en contra del GIEI,
intentan quitar legitimidad y reconocimiento para confundir a la opinión
pública. Descalificando a las fiscales Ángela María Buitrago y Claudia Paz y Paz
(integrantes del GIEI), los esfuerzos del gobierno de Peña, pretenden deslegitimar
y entorpecer el esclarecimiento del caso.
No hay que olvidar que el principal obstáculo que ha puesto el
Gobierno Federal, ha sido la reticencia a permitir que las expertas y expertos
entrevisten a los elementos del 27 Batallón de Infantería, siendo un hecho comprobado
que al menos uno de ellos fue testigo de la agresión en contra de los
normalistas la noche del 26 de septiembre.
En Chihuahua, capital hemos venido sumando y manifestando
el respaldo hacia el trabajo que el GIEI realiza. El grupo de expertos vino y
visibilizó mundialmente la grave crisis de violaciones a derechos humanos que
se vive México, la misma ONU se ha pronunciado al respecto. El gobierno de
Enrique Peña Nieto enfrenta una severa crisis en términos humanitarios y de
credibilidad social.
A 17 meses de los reprobables hechos de la noche de
Iguala, personas, grupos, colectivos y las organizaciones sociales y políticas
de Chihuahua, capital, realizan un llamado a respaldar la labor del GIEI, y
exigir justicia y verdad al Estado Mexicano por el caso Ayotzinapa, y muchos
más.
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