jueves, 29 de diciembre de 2016

Paráfrasis, que no parálisis…, del Che Pillín

Diciembre en Chihuahua capital
Paráfrasis, que no parálisis…, del Che Pillín
Por: Tarikles

Dando vueltas por la Web me encontré un texto del 2013 en alusión a un poema de Bertold Brecht, el escrito viene firmado por Hugo Yasky, un dirigente de una Central de Trabajadores en Argentina, de quien  no conozco más que lo leído por la Internet.

Aquí una interpretación y pretendida readaptación de su glosa en el terreno local.


Analfabeto político

La política analfabeta chihuahuita piensa que es mejor que nos gobiernen las clases ricas ya que ostentan dos preeminencias: “saben mandar y como tienen plata no necesitan robar”.

La política analfabeta chihuahuita especula sobre los dineros que el Estado gasta en asistencia social resultan un despilfarro económico. Que sólo tiene como fin, mantener parásitos sociales para ganar el voto popular.

La política analfabeta chihuahuita está convencida de que las y los marginales deben su condición, “a la falta de esfuerzo y a una suerte de inferioridad debido a la escasa ingesta de proteínas”.

La política analfabeta chihuahuita cree que las desigualdades existen y que pretender cambiarlas, es estar en contra de las leyes de Dios. “Dice así como hay negros y blancos, existen pobres y ricos”.

La política analfabeta chihuahuita concibe como natural que cuanto más dinero se tenga, mayor se busque evadir impuestos. Ya que ése dinero en particular, alimenta la corrupción del gobierno.

La política analfabeta chihuahuita considera que con mano dura se resolverían los problemas de la inseguridad y la corrupción. Usa como ejemplos a gobiernos militares lejanos, pero se niega a aceptar que en los vividos en carne propia sólo han aumentado los feminicidios, la inseguridad y la corrupción.

La política analfabeta chihuahuita mastica que el argot político local ¡Está podrido! pero renuncia a cambiarla y rechaza cualquier iniciativa al respecto.

La política analfabeta chihuahuita supone que la televisión y la música no influyen ¡En absoluto!, en sus posiciones políticas, pero se alegra tanto cuando su artista favorita es candidata a un puesto público.

La política analfabeta chihuahuita disfruta de la cumbia, “pero en los lugares y en el momento que corresponda”.  

La política analfabeta chihuahuita, en contrastes porcentuales, “tiene altos niveles de instrucción”. Generalmente con secundaria y bachiller completos, quizá pasantes y licenciaturas truncas…, algo así como analfabetas funcionales.    

Texto original:


miércoles, 28 de diciembre de 2016

Documental Nochixtlán, ni perdón ni olvido

La mujer, guardiana de la biodiversidad en América Latina

Los feminicidios son un elemento más de la estrategia del Estado Mexicano contra el Pueblo

H. Puebla de Zaragoza a 20 de diciembre del 2016

A los familiares de las víctimas de feminicidio
A los familiares de las víctimas de desaparición forzada o involuntaria
A las víctimas del Terrorismo de Estado por motivos políticos y sociales
A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A los organismos defensores de derechos humanos
Al pueblo Mexicano


Los feminicidios son un elemento más de la estrategia del Estado Mexicano contra el Pueblo

El Feminicidio y su uso Político-Policíaco-Militar del Gobierno en su estrategia contrainsurgente contra el pueblo mexicano

La tipificación de Feminicidio en el ámbito penal es producto de la exigencia de justicia de las familias para las víctimas de éste crimen, así como de los sectores populares organizados y espontáneos que desde diferentes espacios luchan contra el Terrorismo de Estado. Sin embargo, su tipicidad jurídica en México es endeble debido a la amplia subjetividad señalada en las siete circunstancias que se plasma en el artículo 325 del Código Penal Federal y las nueve indicadas en el artículo 338 del Código Penal del Estado de Puebla. Además tanto en Puebla como en el país, la investigación científica y técnica en el ámbito pericial se distingue por la carencia de peritos e instituciones especializadas.

Ante la opinión pública los casos de feminicidio se banalizan por la ausencia de profesionalismo de los medios masivos de comunicación que intencionalmente menoscaban la dignidad de las víctimas, las revictimizan haciéndolas responsables de su propio homicidio; se encargan de atacar la investigación periodística profunda con el objetivo de evadir la responsabilidad y el costo político de los grupos de poder político y económico involucrados en los casos.

Como paladines del régimen se encargan de producir la visión de que el feminicidio es un problema entre particulares, una realidad de casos aislados sin relaciones ni causales entre sí, cuyo fin es ocultar a los responsables directos e indirectos de este tipo de actos criminales, para ello culpabilizan a la sociedad, emplean morbosamente la información para convertirla en amarillismo y en nota roja, y sobre todo pretenden que la impunidad y la violencia sean consideradas como situaciones normales y del todo tolerables.

El manejo mediático y político de los casos de feminicidio en México tiene su principal antecedente durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con las muertas de Juárez, en el que se presentaron cientos de feminicidios en la zona de maquiladoras estadounidenses del estado de Chihuahua colindante con Texas, uno de los mayores estados industriales de los Estados Unidos de América; posteriormente la situación de los feminicidios se generalizó en los demás estados de la frontera norte y después en todo el país, principalmente en las regiones en las que se encuentran recursos naturales como hidrocarburos, minas o donde se desarrollan proyectos energéticos.

Las características de los feminicidios en Ciudad Juárez y el resto del país presentan múltiples similitudes: La importancia de un espacio estratégico para el comercio o el trasiego de armas, narcóticos, gas, petróleo, o la extracción de éstos y otros recursos; la entrada de gran capital trasnacional en asociación con oligarcas mexicanos; el incremento y diversificación de grupos especializados en cometer ejecuciones, desapariciones, tortura, que tienen acceso a armamento y hacen uso de estrategias policiales y militares; así como la manipulación de la opinión pública principalmente en radio y televisión que sólo muestra un enfoque amarillista y parcializados de los casos ante la denuncia por parte de los medios independientes y organizaciones populares que señalan la participación de grupos gubernamentales y empresariales con poder económico, político y armado que muchas veces rebasan las fronteras nacionales.

Se suman crímenes como la trata de mujeres con fines de explotación sexual; en cuya ejecución, adolescentes y niñas son sustraídas de comunidades y zonas marginadas bajo engaños de sus captores para posteriormente iniciarlas en el negocio ilícito de la prostitución, trasladándolas a las urbes e incluso traficándolas a países como Estados Unidos principalmente. La trata de personas se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, ya que genera ganancias que van de 32,000 a 36,000 millones de dólares, aproximadamente; cifras de sumo interés como parte de la acumulación y centralización del capital que omiten por completo la dignidad, la libertad y la vida de la víctima.

Numerosos ejemplos han salido a la luz de cómo funcionarios públicos de los diferentes niveles, se encuentran inmersos en este negocio; zonas específicas en lo largo y ancho del territorio son del conocimiento público; zonas en las que estas mafias han operado por años con total impunidad y libertad, como es el caso de Tenancingo, municipio fronterizo entre los estados de Tlaxcala y Puebla, ejemplo claro que evidencia una vez más que la violencia y la descomposición social dimana del propio Estado, en donde la mujer se transforma en una mercancía privándola de su condición humana y con ello queda a merced de ser desechada cuando su vigencia haya concluido, mujeres ejecutadas por las mafias de tráfico de personas y prostitución que no son parte de las cifras oficiales y que las más, permanecerán en el anonimato victimas de múltiples delitos, entre ellos el de feminicidio.

Ante las características que poseen los feminicidios y que se encuentran también presentes en otras formas de violencia contra mujeres y hombres, sin importar su edad; es importante recordar que en nuestro país se llevó a cabo una etapa particular de una política trasnacional planificada desde los Estados Unidos de Norteamérica conocida como Guerra de Baja Intensidad (GBI), en la que a partir del mandato norteamericano, funcionarios públicos, elementos policiales y militares en nuestro país, ejercen una guerra en contra del pueblo, en la que se combinan fuerzas y estrategias militares, grupos armados, entrenados y financiados por el ejército y el gobierno conocidos como paramilitares, se emplean aún para generar conflictos, perseguir y ejecutar personas.

La Guerra de Baja Intensidad también se desarrolla en el ámbito económico, con la criminalización de la pobreza, la negación de las condiciones básicas de vida, de acceso a la justicia y el bienestar, por parte del Estado, a través de sus instituciones; la generación o el aumento de las condiciones que propagan la marginación y recrudecen la pobreza. En el ámbito psicológico opera entre tantas medidas al inventar chivos expiatorios y trazar cortinas de humo para encubrir a los responsables de problemas sociales, políticos y económicos; su manejo más significativo está en provocar la desconfianza y el terror entre la población cuya función es impedir la participación del pueblo en general en el auge de movimientos populares a escala internacional como lo fue la llegada de gobiernos progresistas en América Latina, los movimientos que pugnan por el socialismo, la defensa popular de los derechos humanos, de género, a favor del reconocimiento de las minorías, etc.

A partir del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la política de Guerra de Baja Intensidad ha acatado fielmente el planteamiento de guerra psicológica de la agenda norteamericana, el terrorismo internacional se inventa como el nuevo enemigo a combatir para justificar invasiones militares, mientras que en México, desde el Estado se articula a grupos criminales con alto conocimiento militar para después, con el pretexto del combate a la llamada Delincuencia Organizada se persiga a las organizaciones y personas que se oponen al régimen, además de atacar al pueblo en general.

A partir de la Guerra de baja Intensidad, también se ejecuta la violencia de género que tiene en el feminicidio una de sus más crueles culminaciones, éste tipo de crímenes lleva per se formas de destrucción humana en un contexto en el que la estructura del gobierno mexicano y el Estado mismo, se encuentra en un alto grado de descomposición, tal como lo manifiestan también hechos como el descaro con que actúan los perpetadores de fraudes financieros al erario, siempre con participación de funcionarios públicos, la impunidad que permite a los agentes del Estado cometer crímenes de lesa humanidad, como las múltiples desapariciones forzadas, tortura en campos militares e instalaciones de policía, la utilización de grupos paramilitares para destruir procesos organizativos que plantean un proyecto diferente de país, que se presenta mayoritariamente contra comunidades indígenas.

La implementación del Terrorismo de Estado, como una de las formas en las que se hace evidente la Guerra de Baja Intensidad, es una medida ejercida para controlar el descontento social y conducir, fomentar y prolongar violencia contra el pueblo mexicano, necesaria para beneficiar a una oligarquía nacional y transnacional que pretende mantenerse en el poder, a costa de millones de vidas humanas. Es decir, la violencia de género en México, es otro de los elementos con que se lleva a cabo la opresión de clase, seguida de las formas de discriminación étnica, racista, xenofóbica, migrante.

Se ha documentado desde la historia que los grupos oligárquicos que operan detrás del Estado Mexicano emplean mafias como mecanismo para eludir su responsabilidad en las crisis económicas y políticas que sobrevienen en el país por el sistema económico que impera, así mismo las emplean para destruir el tejido social por medio del pánico, miedo y terror, con ello, generar condiciones de violencia y desconfianza entre la población para evitar que se unifique en procesos organizativos que modifiquen radicalmente las condiciones de vida del pueblo.

Durante décadas el gobierno mexicano ha parido a sus enemigos internos y criminalizado a aquellos que luchan y se organizan contra este sistema de opresión para justificar tácticas policiaco-militares-paramilitares en contra del pueblo: narcoterrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, insurgencia criminal, son algunos ejemplos. No obstante, investigaciones periodísticas dan cuenta de que estos grupos han sido entrenados por el ejército. En sí la delincuencia organizada se construye a partir de grupos de elite con entrenamiento militar en tareas de guerra contra el pueblo o contrainsurgencia, por lo que se señala que gran parte de los casos de feminicidio en Puebla y México corresponden a una forma más en la que el Estado Mexicano y la oligarquía encubierta detrás del mismo, opera la violencia y el terror con fines muy claros, prolongar su estancia en el poder y eliminar a todas las formas posibles de oposición.

Exigir ¡VIVAS NOS QUEREMOS! ¡NI UNA MUERTA MÁS! Implica necesariamente un proceso organizativo que se proponga como objetivo cambiar radicalmente el sistema social que nos oprime, explota y nos confronta entre mujeres y hombres. Como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) nos solidarizamos con los familiares, amistades y organizaciones que luchan contra este deleznable crimen, llamamos a que se conformen Comités de Familiares para la exigencia de justicia.

COMBATIVAMENTE


¡Juicio y Castigo a los responsables materiales e intelectuales de feminicidios!

¡Ni una muerta más a manos del Terrorismo de Estado!

¡Alto a los feminicidios en México!

¡No más Terrorismo de Estado Contra las Mujeres!


Por la Unidad Obrero, Campesino, Indígena y Popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


-- 
___________________________________________________

Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH




Twitter: @Reddh_mex

Skype: reddh.mex

La masacre de Nochixtlán: Un crimen de Estado

Boletín de Prensa:

Boletín de Prensa:

Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada prevé para el próximo período de sesiones una Ley impuesta por el Ejecutivo que no investiga, no sanciona y no previene la Desaparición Forzada de personas.

22 de diciembre del 2016

Como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, desde hace 6 años, hemos insistido en la importancia de la promulgación de una Ley General contra la Desaparición Forzada de personas que garantice el acceso a Verdad, Justicia, Memoria, Reparación Integral y Garantías de No Repetición. Para ello hemos insistido que la Ley General debe cumplir con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como con las recomendaciones hechas al Estado mexicano por diversos organismos internacionales.

En este sentido el 3 de septiembre de 2015 entregamos al Senado de la República la Iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por Particulares, Misma iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados el 6 de septiembre del 2016 respaldada por 274 organizaciones de víctimas, de derechos humanos, populares, indígenas y por más de 1000 personas solidarias.

Cabe recordar que, conforme a la reforma del 2014 del Art. 73 Constitucional, ambas Cámaras debían aprobar una Ley General en materia de Desaparición Forzada a más tardar en febrero del 2016. Sin embargo, a casi un año de haber vencido el plazo legal, sigue sin ser aprobada mostrando con ello la falta de voluntad política para legislar adecuadamente y su insensibilidad ante las miles de víctimas de esta grave violación a los derechos humanos.


A un año de retraso, simulación y de incumplimiento por parte de ambas Cámaras, como Campaña no sólo elaboramos una propuesta de Ley General sino que también hemos elaborado diversas observaciones a la Ley General del Ejecutivo que se pretende aprobar, ya que hasta el momento y después de diversas reuniones de trabajo a las que hemos asistido junto con otras organizaciones de derechos humanos y víctimas, a nuestro juicio, no se tiene una Iniciativa que cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y que garantice a todas las víctimas los derechos a la memoria, verdad, justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición.

El Estado mexicano, sigue empecinado en negar la gravedad de las desapariciones forzadas en nuestro país, busca a toda costa diluir en el término genérico de personas desaparecidas o no localizadas su responsabilidad ante esta grave violación a los derechos humanos, ha intentado desviar la atención haciendo creer a las familias que lo sucedido en México solamente es un problema de “ciertos miembros de las fuerzas de seguridad”, que no es un problema estructural ni una política de Estado desaparecer personas. Trata de equiparar la desaparición forzada con el delito de secuestro cuando la gravedad de la desaparición forzada radica en que la cometen agentes del Estado o particulares con su aquiescencia por lo cual no sólo es un delito sino también la más grave violación a derechos humanos.

Como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada vemos necesario hacer de conocimiento al pueblo en general y en particular a las familias de víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares los puntos más graves en la redacción de la propuesta de ley General que actualmente se está discutiendo en diversos espacios, los cuales consideramos, si no se corrigen, no van a permitir que la Ley General realmente esté hecha para prevenir, erradicar y sancionar la desaparición forzada y la desaparición a manos de particulares.

 Observaciones

1.- La redacción dentro de las propuestas de Ley General utilizan un lenguaje condicionante o discrecional, no sólo para las personas presuntamente responsables en la desaparición forzada o desaparición de personas cometida por particulares, sino también, en cuanto a la responsabilidad del Estado. Como por ejemplo: “Procurar, a sabiendas, injustificadamente, retrasar sin justificación, dolosamente…” cuando las desapariciones forzadas son una política del estado mexicano que muestra sistematicidad y planificación.

2.- El gobierno sigue excusando la falta de presupuesto para la implementación adecuada de la Ley, haciendo mención que se empleará lo que se tiene y con lo que se cuenta para aplicar la nueva Ley, cuando es responsabilidad única del Estado dotar del suficiente presupuesto para la implementación de la Ley.

3.- El termino utilizado para definir a una persona desaparecida no diferencia entre una desaparición forzada de una persona extraviada. Lo cual permite se diluya la responsabilidad del Estado ante la gravedad de las desapasiones forzadas.

4.- En la Tipificación se pretende reducir el delito como si fuera éste cometido por personas ajenas al Estado, reduciendo de esta manera la responsabilidad de toda la cadena de mando en la comisión del delito de desaparición forzada

5.- Se pone en la mesa el problema de la coordinación entre estados y la federación alegando cuestiones constitucionales, mostrando una vez más la falta de voluntad política para implementar la Ley General a nivel nacional.

6.- La insistencia de separar la búsqueda de la investigación, dándole “prioridad” a la búsqueda y dejando en segundo plano la investigación para dar con los perpetradores generará un problema de impunidad para todos los casos y no contribuirá a la erradicación de estos delitos ya que el Estado pretende cambiar el derecho a la Verdad por el derecho a la Justicia cuando es su obligación garantizar ambos derechos.

7.- El Estado, a lo largo de estos meses, ha hecho mención de su “imposibilidad” para cumplir con las exigencias de crear instancias que realmente den resultado dado la falta de “capacidad” técnica, recursos económicos, tecnológica y de recursos humanos, lo que señala la falta de voluntad política para atender la gravedad de las desapariciones forzadas, pues no hay otro que el mismo Estado quien tiene que dotar de capacidades y recursos. Así como tiene la capacidad y recursos de desaparecer personas y garantiza impunidad, si tuviera voluntad política garantizaría la seguridad para la sociedad en general.

8.- La discusión de la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, hasta el momento, se pretende enfocar a la reacción inmediata para casos que ocurran después de la promulgación de la Ley, dejando para una discusión posterior el proceso de búsqueda para dar con el paradero de las víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares cometidas desde la época de la “guerra sucia” hasta la “guerra contra el narco” de Calderón.

9.- Se ha negado a crear una instancia Autónoma de Investigación Forense para dar certeza a las familias no sólo en la búsqueda e identificación de restos sino para tener un órgano que pueda recabar y resguardar pruebas para que las víctimas y sus familiares accedan a la verdad y la justicia.

10.- La reparación integral del daño en una parte se remite a lo estipulado a la Ley General de Victimas, misma que hasta el momento no ha cumplido con las expectativas de las víctimas y que no capta la complejidad e integralidad de la desaparición forzada como bien lo ha señalado instancias internacionales y en otra parte se redacta como si la reparación fuera de opción múltiple.

11.- A lo largo de la iniciativa se niega a reconocer la participación y por lo tanto su correspondiente sanción a las fuerzas armadas cuando éstas son quienes, en muchos casos, cometen la desaparición forzada de personas.

12.- Sí bien en diversas partes de la Propuesta del Ley General se habla de la identificación, exhumación, localización de restos, así como de la localización de fosas clandestinas, el Estado no garantiza que con esto las familias no sigan saliendo a realizar la búsqueda de fosas y realicen la exhumación de restos.

13.- La Ley combina lo competente al derecho internacional humanitario con el derecho internacional de los derechos humanos, esto en un intento mañoso de diluir su responsabilidad en las desapariciones forzadas. Reduciendo el problema a una cuestión de atención humanitaria y no de responsabilidad del Estado y de derechos de las víctimas.

14.- No se quiere hacer la adecuada diferenciación en el nuevo Registro de personas Desaparecidas, diferenciando desaparición forzada de la desaparición cometida por particulares, así como el hecho de dar de alta en el registro cualquier reporte de no localización que sea levantado.

Una Ley General elaborada con base a la simulación, pactada en lo oscurito y sin responder cabalmente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, no sólo será ineficiente sino que cubrirá de un nuevo manto de impunidad a los perpetradores.


Presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos Rene Román Salazar, los activistas Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de desaparición forzada en México.

Por una Ley General contra la desaparición forzada elaborada por las víctimas, organizaciones de derechos humanos, populares e indígenas
Por el castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen contra la humanidad
¡Vivos se los llevaron: vivos los queremos!
Atentamente

Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo Comunitario A.C., Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM)

Comité Cerezo México
Premio de la Paz de Aquisgrán 2012 (Aachener Friedenspreis)
"Por que ser defensor de los derechos humanos no es sinónimo de terrorista"
Contactos: Coordinación / Educación
☎ (55) 56559465 / Cel. (55) 10472031

La invasión a Panamá: 20 de Diciembre de 1989 ocurrió un genocicio La ci...

27 años de la invasión militar norteamericana a Panamá

Algunos apuntes para una sociología del consumo – Parte 1

Algunos apuntes para una sociología del consumo – Parte 1
1.     El reducto del Homo Economicus: utilitarismo y teorías económicas clásicas.
El estudio del consumo ha sufrido, desde sus épocas más tempranas, una doble acotación de índole político-económica que, como más adelante veremos, hunde sus raíces ideológicas en un interesado juego de parcial ocultación de la estructura socioeconómica en que se sustenta. Comúnmente su estudio ha sido entendido como  perteneciente de forma “natural” a la disciplina económica, y sus explicaciones como el resultado de agregados de acciones individuales principalmente orientadas a la demanda. Así pues, el consumo sería el resultado de la demanda agregada que, sobre los mercados, realizan los actores racionales en el marco del juego económico regido por las leyes “puras” de la economía capitalista.
El utilitarismo clásico se convierte en el núcleo explicativo, fuertemente respaldado por la posición hegemónica que ocupan las teorías de la acción racional dentro de las ciencias económicas desde hace tres cuartos de siglo; y que ha ido impregnando con bastante éxito disciplinas afines, reificada como teoría general del comportamiento humano. El Ser, el consumidor, movido por el afán de la maximización de beneficios y reducción de costes (deducidos de la primacía de la elección racional) se aproxima al consumo desde dos variables fundamentales: poder adquisitivo y preferencias personales. Todo ello orientándose a un fin único: obtención de la máxima utilidad y la máxima satisfacción. Un Homo Economicus en un Mercado Perfecto.
Las necesidades son ilimitadas e independientes del contexto social y, como las preferencias, no formarían parte del objeto de estudio de la ciencia económica. Son puramente subjetivas y no hay diferencia analítica con la objetividad de las mismas. De este modo “el error”, la falta de de racionalidad en la elección, queda simplista y oscuramente explicado por los fallos en la voluntad del actor, por su debilidad. Se elude de este modo el componente grupal de la “irracionalidad” electiva.
2.              La perspectiva macro-económica: caracterizaciones del productor-consumidor según los modos de producción capitalista y la extensión del consumo de masas.
Los obreros son una gran masa de trabajo, no una masa de consumidores. El consumo, entendido como fenómeno social a gran escala, es un hecho relativamente marginal. No quiere decir esto que no exista un mercado de intercambio de bienes y servicios, sino que se caracteriza por un nivel bajo de institucionalización, más cercano a los ámbitos de las economías informales que a mercados estructurados.
“[…] el primer capitalismo industrial, cuyo nivel de consumo obrero estaba presidido por la manufactura artesanal y por los productos eminentemente agrarios, muchas veces obtenidos fuera de cualquier circuito mercantil, y en el que las necesidades de un hogar obrero se reducían a los alimentos básicos, adquiridos en formas casi siempre no procesadas, como carbón, velas, papel, alcoholes destilados y fermentados, melazas, tabaco, tejidos (la demanda textil era pequeña pero bien desarrollada a nivel global), y, por fin, unos pocos objetos de consumo duradero que en los mejores casos podían llegar a lámparas de aceite, relojes y unos sencillísimos muebles de uso suprageneracional.”4
Como muy bien señala el historiador Eric J. Hobsbawm se produce in giro hacia los mercados interiores con la creación de una nueva demanda doméstica de inmenso potencial. Una vez más, quedan fortísimamente imbricados capital y guerra, en este caso la I Guerra Mundial. La primera guerra moderna a escala cuasi planetaria con nuevas formas y sobretodo nuevas amas cuyos avances tecnológicos son reconvertibles hacia bienes de uso doméstico:
“La producción de obuses, cartuchos, fusiles, ametralladoras en afluencia ininterrumpida, provocó la multiplicación, en 1914-1918, de las máquinas-herramientas semiautomáticas y la invasión del taller del obrero especializado. El automóvil ensamblado en cadena en la fábrica Ford en vísperas de la guerra se convirtió en un producto de gran consumo gracias a ésta.”
La incipiente aparición de mercados interiores de consumo de bienes representa un campo inexplorado de incalculable potencialidad económica, abriendo las puertas para una reconcepción de las formas de trabajo. La máxima finalidad es la producción seriada de grandes cantidades de productos a un precio relativamente bajo. Para ello queda establecida una nueva modalidad de la división técnica del trabajo: los conocidos sistemas fordistas y tayloristas, que tuvieron espectaculares efectos en la productividad y por consiguiente en los precios. Queda habilitada así la fabricación de mercancías destinadas a un consumo masivo, a un consumo obrero.
La racionalización de la producción tiene su reflejo en la aplicación del diseño de esos mismos productos enfocados a la utilidad, carentes de todo artificio, dominados por la planificación y el control. De la misma manera, y al abrigo de esta ideología, nace la política de un único modelo por marca. Y coralariamente el estatuto de los salarios adquiere una nueva dimensión. Si con anterioridad era simplemente un remunerador del trabajo en las paupérrimas condiciones de vida que caracterizan el capitalismo decimonónico, donde el trabajador estaba totalmente subordinado a las necesidades de los medios de producción, la conversión en marcha exige que, en palabras del propio H.Ford:
“la clase trabajadora tiene que transformarse en una nueva clase acomodada si queremos dar salida nuestra enorme producción”.

Leer completo:

martes, 20 de diciembre de 2016

Los brasileños rechazan el una vez popular, Partido de los Trabajadores

Los brasileños rechazan el una vez popular, Partido de los Trabajadores
Políticos corruptos se ponen de acuerdo con el capital internacional para destituir a la presidenta
Guerry Hoddersen
Tomado de: Freedom Socialist 


Aunque no fue un golpe de Estado en el sentido estricto de la palabra, equivalió a la expulsión de una presidenta democráticamente elegida a través de la colusión de los grupos empresariales brasileños, los magnates de derecha, los partidos políticos neoliberales, las iglesias evangélicas, Wall Street y el poderoso poder judicial brasileño.

 Irónicamente, el enjuiciamiento de Rousseff dio lugar a que el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño de centro-derecha, se convirtiera en presidente. Temer es uno de los políticos más repudiados en Brasil y se le impedirá postularse a la presidencia durante ocho años debido a prácticas de campaña ilegales. Una vez instalado en el poder, no perdió tiempo haciendo una peregrinación a Wall Street para asegurar a los inversionistas extranjeros que están abiertas las puertas de las enormes reservas de petróleo de Brasil y de las propiedades nacionalizadas.

El camino hacia la destitución. La caída de Rousseff fue un dramático cambio de fortuna para el socialdemócrata Partido de los Trabajadores. Hace sólo cinco años, se predijo que Brasil superaría a Francia y Gran Bretaña para convertirse en la quinta economía más grande del mundo. Y cuando Lula da Silva dejó el cargo en 2010, éste contaba con un 80 por ciento de aprobación.

A Wall Street esto no le hizo ninguna gracia. Chevron, Shell y Exxon Mobil querían participar en la bonanza del petróleo. En su lugar, Petrobras recurrió a acuerdos conjuntos de operación con firmas petroleras chinas que estaban dispuestas a darle a la compañía estatal un 30 por ciento de participación en lo que encontraran.

En 2010, los documentos WikiLeaks de Chelsea Manning revelaron que los Estados Unidos estaban tratando de influir en las elecciones presidenciales apoyando a un candidato que pedía la privatización de Petrobras. Tres años más tarde, Edward Snowden publicó los archivos de la Agencia de Seguridad Nacional que mostraban que los Estados Unidos habían espiado más a Brasil que Rusia y China interceptando los teléfonos de Rousseff, leyendo sus correos y espiando a Petrobras.

Rousseff acusó a Washington de tratar de obtener información privilegiada que ayudaría a las compañías estadounidenses en una próxima subasta de los grandes yacimientos petrolíferos de Petrobras. Al final, los Estados Unidos boicotearon la subasta y Globo, una poderosa firma derechista de medios de comunicación, lanzó un ataque de propaganda contra Petrobras.

La polarización aumenta. Temer no perdió tiempo para nombrar a un gabinete de puros hombres blancos, incluyendo a un general entrenado durante la dictadura brasileña y un ministro de finanzas que pasó 28 años en un banco de los Estados Unidos. Ya el Congreso está considerando una enmienda constitucional que congelaría el presupuesto para el gasto público hasta 2037, lo cual obligaría a todos los futuros gobiernos a limitar los gastos para la salud, educación, bienestar social y servicios públicos. La burguesía teme que el Partido de los Trabajadores pueda regresar y quiera impedir el retorno de la socialdemocracia.

Mientras el gobierno se mueve hacia la derecha lo más rápido que puede, la clase obrera no ha sido derrotada. Más bien, los trabajadores y otros grupos oprimidos están disgustados con la política electoral burguesa; las elecciones municipales celebradas en octubre tuvieron la mayor tasa de abstención en la historia del país.

La acción callejera es otra cosa muy distinta. En las protestas que se llamaban "primavera feminista" de Brasil en octubre participaron cientos de miles de personas y exigieron que el Congreso cesara sus ataques a los derechos reproductivos, incluyendo una pena más alta por el aborto a raíz del virus Zika. Y los estudiantes de secundaria están ocupando 500 escuelas en todo el país denunciando a Temer.

Habrá mayor resistencia contra la derecha con el paso del tiempo. La austeridad es la única respuesta del neoliberalismo a una economía enferma y luchar es la única respuesta a la austeridad.

Leer completo:






Diez años de guerra contra la delincuencia organizada

lunes, 19 de diciembre de 2016

Caso Ayotzinapa: el video oculto de la PGR

"El Estado mexicano queda incriminado" con su propia investigación sobre...

Iniciativa de Ley de Seguridad Interior, "autogolpe" militar con aval de...

Carta entregada a #CFE por parte del Comité de Usuarios de Luz de la Mesa de la Bola

Carta entregada a #CFE por parte del Comité de Usuarios de Luz de la Mesa de la Bola


DIRECTOR DEL CAC CFE EL ROSEDAL, COYOACÁN
UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE LA CFE
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
El Comité de Usuarios del Mercado de la Bola de la Asamblea de Usuarios de la Energía Eléctrica con domicilio provisional para oír y recibir comunicaciones, ubicado en calle Volcán Kirishima L. 6 Mz. 4, Colonia El Mirador III Secc. Delegación Tlalpan. CP 14449, con número telefónico 55 5655 9465 y correo electrónico: comitecerezo nodo50.org expone ante usted la siguiente queja y exigencias de acuerdo con el Código de ética de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que dice:
“La Comisión Federal de Electricidad rechaza cualquier tipo de corrupción, soborno, fraude, peculado, concusión o cohecho, por lo que establece estrategias preventivas y mecanismos de control interno y exige que su Personal se conduzca con apego a los valores institucionales y principios de actuación contenidos en este Código de Ética.”
Los usuarios organizados en la Mesa del Mercado de la Bola y parte de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, exigimos a las autoridades competentes de la Comisión Federal de Electricidad que se les informe a todos los trabajadores de CFE y a sus contratistas que la queja sellada y con folio ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es válida y en tanto no se resuelva, es ilegal cortar el suministro de energía eléctrica.
Exigimos que cese el robo de cable y de medidores analógicos o electromecánicos, por parte de trabajadores de CFE o contratistas de CFE, en contra de los usuarios del servicio de energía eléctrica tengan o no queja ante PROFECO, con el pretexto de que deben dinero a CFE.
Así mismo, informen a sus trabajadores que robar cable o medidores es un delito, ingresar a las casas sin permiso es un delito llamado allanamiento de morada, sacar aparatos electrodomésticos bajo un inexistente embargo por deuda es un delito; amenazar con cortar la luz también es un delito, así como cortar y robar el cable de luz cuando sólo están menores de edad o personas de la tercera edad en el domicilio o no hay nadie, son todas las anteriores violaciones a los derechos humanos.
La extorsión que realizan los trabajadores de CFE o sus contratistas, solicitando dinero, desde 1,500 a 10,000 pesos por “arreglar” el medidor, o para ponerle un sello de “identificación” para avisar a sus compañeros que ya no extorsionen a dicho consumidor también es un delito que además es un comportamiento generalizado de los trabajadores o contratistas de CFE en la zona de Pedregales, Coyoacán.
Detener las amenazas de cobro extrajudicial y de pérdida del patrimonio de la gente que diversas empresas a nombre de CFE realizan a través de cartas, llamadas telefónicas, correo electrónico e incluso mensajes de texto con la información de los usuarios que ha proporcionado CFE a estas empresas que hostigan y amenazan a los usuarios.
Ante todas estas irregularidades exigimos que la Unidad de responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad tome cartas en el asunto, investigue y sancione a los responsables.
Por último, le recordamos al Estado mexicano que el servicio de energía eléctrica es un derecho humano reconocido a nivel internacional y que por tanto dejar sin luz a quienes deben debido a errores de cobro o a un costo elevado de servicio de energía eléctrica es una violación a los derechos humanos ante la cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe tomar cartas en ante estos hechos.
Atentamente
  • Comité de Usuarios del Mercado de la Bola de la Asamblea de Usuarios de la Energía Eléctrica
  • Organización de Lucha por la Emancipación Popular
  • Comité Cerezo México




Pronunciamiento del Comité Cerezo México
Los cortes de luz como una violación al derecho humano a una vivienda adecuada y a una vida digna

El Comité Cerezo México participa dando acompañamiento en materia de derechos humanos en la mesa del Comité de Usuarios de la Energía Eléctrica del mercado de la bola, colonia Ajusco Coyoacán.
Hoy nos encontramos acompañando esta actividad por medio de la cual los usuarios de este comité exigen que se ponga un alto a las irregularidades que están viviendo a consecuencia de haber interpuesto una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Como organización de derechos humanos, nos interesa destacar lo siguiente:
PRIMERO: Que en el Comité de Usuarios Mercado de Bola se aglutinan de manera organizada habitantes de las colonias Ajusco, Santo Domingo, Pedregal de Santa Úrsula, Ruiz Cortines, El Reloj, La Zorra, el Pueblo de los Reyes y el Pueblo de Santa Úrsula Coapa y de otras colonias y delegaciones en menor medida. Que se han conformado como un Comité de Usuarios debido a la necesidad de organizarse para manifestar sus diversos desacuerdos, entre ellos, la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), la inexistencia de un contrato con CFE, el rechazo enérgico contra la privatización de la energía eléctrica, el descontento y rechazo por los cobros desmedidos, mal estimados y las tarifas exorbitantes, así como, la imposición del cambio de medidores y aumento en las tarifas de consumo.
De fondo, no es, como muchos dicen, que no quieran o se nieguen a pagar la luz. La organización de los usuarios demanda el reconocimiento a nivel constitucional del derecho humano a la energía eléctrica, aunque este derecho está reconocido en el ámbito internacional y amparado por el Artículo primero de la Constitución y la estipulación de una tarifa social justa. No es que no quieran pagar, de lo que se trata es de exigir que se pague lo justo. En tanto que la luz se ha vuelto un recurso indispensable para vivir de manera digna, todos los integrantes del Comité de usuarios son defensores de derechos humanos y deben ser reconocidos como tal. Además, su lucha se encuentra dentro del marco de la defensa del derecho humano al nivel adecuado de vida y el derecho humanoa a una vivienda adecuada. Por ello, su resistencia, la interposición de quejas ante la PROFECO y todas las actividades que despliegan como usuarios organizados, implican el legal y legítimo uso del derecho humano a la protesta y del derecho humano a defender los derechos humanos, por lo tanto deben ser reconocidos y respetados por todas las autoridades y agentes de estado involucrados.
SEGUNDO: Como consecuencia de su lucha por la vida digna y a manera de represalia, los usuarios enfrentan cotidianamente medidas de hostigamiento, extorsión y violencia por parte de trabajadores, contratistas y funcionarios de la CFE. El robo de medidores, el cambio obligado de estos, el corte injustificado de luz, el robo de cable, la extorsión, el allanamiento de morada y las amenazas se han vuelto una forma sistemática de castigar la lucha por el derecho humano a la energía eléctrica.
Debido a que todos los usuarios se encuentran interponiendo un recurso legítimo de queja ante la PROFECO están amparados por el artículo 113 de la Ley Federal de Protección al consumidor que en su segundo párrafo dice:
“Tratándose de bienes o servicios de prestación o suministro periódicos tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento.”

N
ingún trabajador, contratista o funcionario de la CFE está calificado para evaluar si el mecanismo de la queja, es o no es improcedente, por tanto están obligados a respetarla cuando los usuarios la muestran sellada y con folio.

Por todo eso exigimos:
1.    Que la CFE de inmediato gire órdenes a sus trabajadores para respetar el proceso de queja iniciados por este comité. Esto quiere decir que entiendan que no deben proceder de ninguna manera mientras está interpuesto el recurso de queja ante PROFECO.
2.    Que detengan de inmediato los sistemáticos cortes de luz en contra de los usuarios con queja, en tanto que son ilegales e improcedentes hasta que no haya audiencia y fallo de la PROFECO.
3.    Que gire órdenes a sus trabajadores para impedir que estos realicen los cortes de luz cuando no hay nadie en las casas, o cuando en ellas sólo están menores de edad y/o adultos mayores.
4.    Que ordene a sus trabajadores poner alto al cobro de extorsiones, el robo de cable, el allanamiento de morada (que incluye subirse a las marquesinas y bardas de las casas) y al robo de e imposición del cambio de medidores.
5.    Que detenga de inmediato la intimidación y amenazas que, por medio, de empresas privadas, realiza en contra de los usuarios que no pagan la luz en tanto tienen proceso de queja ante PROFECO.
De no cumplir con estos puntos, en tanto que la CFE es una instancia de Estado y sus trabajadores, contratistas y funcionarios dependen de ella, seguirán cometiendo violaciones reiteradas a los derechos humanos que no son sino represalias en contra de la lucha organizada por el derecho humano a la energía eléctrica.
Queremos insistir en que los usuarios están en el derecho y la libertad de organizarse para defender sus derechos humanos, que han recurrido a un recurso administrativo y por tanto, no son ladrones ni se están robando la luz. Los ladrones y violadores de los derechos humanos son los trabajadores, contratistas y funcionarios que aprovechándose de la población y con la permisibilidad de otras autoridades roban, extorsionan y agreden a la población.

Exigimos el reconocimiento y respeto de los usuarios como defensores de derechos humanos
Exigimos el reconocimiento del derecho humano a la energía eléctrica y el establecimiento de una tarifa social justa
Exigimos el borrón y cuenta nueva
Alto al hostigamiento, robo y amenazas contra la población

Comité Cerezo México



--
Comité Cerezo México
Premio de la Paz de Aquisgrán 2012 (Aachener Friedenspreis)
"Por que ser defensor de los derechos humanos no es sinónimo de terrorista"
Contactos: Coordinación / Educación
☎ (55) 56559465 / Cel. (55) 10472031
Este mail es enviado a más de 19,000 direcciones aproximadamente
En caso de que NO quieras recibir más mails, sólo avísanos y daremos de baja tu correo