lunes, 13 de febrero de 2017

Columna Roja. Tiempos de resistencia y vendepatrias




Tomado de: AZeta La Gaceta

Privatización del agua. El gobernador panista de Baja California Norte, Kiko Vega es ya un Ulises Ruiz, un Rodrigo Medina, un Humberto Moreira, un Javier y César Duarte, odiado por su pueblo, que ha tenido que huir literalmente corriendo ante una lincha popular, a Kiko le tronó la palomita en la mano, pues el gasolinazo hizo de la privatización del agua su Waterloo.

Y es que esto de entregar la infraestructura hídrica e hidráulica a privados, es como que cosa muy del PAN, el 31 de enero fue el último día de gobierno del asqueroso Rafael Moreno Valle en Puebla, donde casi salió por la puerta trasera (como Calderón), el ex gobernador de Puebla inició la privatización del agua a través de una licitación en a la empresa  “Agua de Puebla Para Todos”, su nombre comercial es Concesiones Integrales, consorcio que se creó 72 horas antes del fallo de la licitación que lanzó el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla en 2013, y en el que tiene participación Monex Grupo Financiero como responsable de un fideicomiso de inversión al que van a parar los pagos de los contribuyentes. 

Se advierte también que al pasar los servicios hidráulicos a privados para funcionar como empresa, las tarifas aumentan mes con mes, ya saben, como empresa rentable y no como instituciones que brinden servicios públicos además de un recurso de derecho humano.

Pero ¿a qué voy con esto? En Chihuahua, desde la pasada legislatura, se probó una reforma a la ley de aguas estatal, donde abre las puertas a la privatización mediante licitaciones a privados, sobre el uso y distribución del líquido, sin embargo para que funcione totalmente es necesaria la aprobación de la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, estancada en el Congreso de la Unión desde el 2013.

El actual gobierno estatal  panista ha puesto a la venta una potabilizadora aún en función en la ciudad de Chihuahua, cosa que ni siquiera parece pasará por el Congreso del Estado, pues dicen, que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), por ser un ente descentralizado no es necesario, y si esto no es privatización ¿entonces qué es?.

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